Intervención de Vicentin, de dudosa legalidad y trama política

Hace mucho ruido la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la cerealera Vicentin y la intención final de expropiarla para el Estado nacional. Pasos que, para muchos, tienen el objetivo de alcanzar la cuestionada Junta Nacional de Granos, metas que son claramente decisiones de Cristina Kirchner y la revancha histórica de ese sector interno del justicialismo sobre el campo.

No es casual que la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti sea autora del proyecto de ley de expropiación de Vicentin y que haya expresado, dirigiéndose al presidente: “Es el camino para alcanzar la soberanía alimentaria”. Y más allá de que el jefe de Estado colocara su impronta del difícil momento que vive el país, producto de la crisis económica por la cuarentena y la necesidad de administrar los alimentos que necesitan millones de argentinos, la idea tenía el sello fuerte del kirchnerismo, que va por otros andariveles a los de la Presidencia.

Vicentin es una importante empresa de la Argentina, con serios problemas económicos y financieros que arrastraron una deuda que podría superar los US$1.300 millones. Su principal acreedor es el Banco Nación por un monto aproximado de deuda de $18.800 millones, cifra que se conoció al momento de la convocatoria de acreedores y la intervención de un síndico por parte de la Justicia. Esto último fue observado por sectores de la oposición al momento de asegurar que el Ejecutivo nacional tiene otra idea con la intervención, que la podría haber dispuesto el Poder Judicial. Por lo que consideran que la acción de la Nación es de dudosa legalidad.

Vicentin también aglutinó el rentable negocio del vino

La cerealera adquirió en su momento los emprendimientos bodegueros, como Bodega Sottano y Viñas Argentinas SA en Mendoza; ENAV SA en San Juan. Esta última, una importante planta de mosto en Chimbas. Es de considerar entonces que podrían ser parte de esa expropiación en ciernes con el proyecto de Fernández Sagasti en el Sanado de la Nación.

Al respecto, el representante de Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) en Cuyo y presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, se mostró molesto ante diario El Ciudadano al referirse a este tema: “Esto es, ni más ni menos, que una estrategia del kircherismo para tener una empresa testigo y funcionar como el mercado regulador de granos. Considero que esto es un principio de otras expropiaciones que van a venir. Dejemos en claro que en este país jamás las empresas del Estado tuvieron éxito”.

Al colocar como ejemplo las estatizaciones, el dirigente del campo, detalló: “Hay que recordar que YPF se estatizó, después se vendió, se privatizó y se volvió estatizar. Este es el mecanismo de estatizaciones, en donde debe quedar en claro que no es para ayudar a la gente, sino para generar una fuente más de poder. Yo, en el mes de diciembre, ante en el organismo gremial del campo que integro, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) anticipé que esto ocurriría. El tiempo me dio la razón y sostengo la postura, porque es seguro que van por más”. 

La expropiación tiene muchas posibilidades de ser aprobada

Quien también mantuvo diálogo periodístico con El Ciudadano, fue el actual diputado nacional y exministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile. Quien sin vueltas, puso el foco en lo legal del paso interventor: “La decisión de intervenir la empresa es de dudosa legalidad. Es claro que pasa por encima al Poder Judicial que interviene en el concurso preventivo de Vicentin que hoy tiene asignado un síndico. Por lo que considero que la Justicia es la que podría haber puesto un interventor, por lo tanto, creo que es de dudosa legalidad”.

Para Buryaile, “se interviene hoy porque tienen claro los objetivos y uno de ellos, el principal, tomar posesión de la empresa. Ellos saben que van a mandar el proyecto de ley al Congreso con posibilidad cierta que se apruebe, porque hay sectores que lo van a acompañar. Por todo esto, es que creo que es un error la manera que se está procediendo”.

Al preguntarle si esto se dirige al camino de conformar una Junta Nacional de Granos, respondió: “Lo que hicieron, en vez de constituir, es expropiar una empresa que tiene la infraestructura. Recordemos que Vicentin no solo posee gran capacidad estructural para granos, sino también, en la industria frigorífica, en la vitivinícola, en la textil y como productora de muchos sectores. Por lo que van a intervenir como si fuera una empresa privada, con la decisión del Estado”.

Finalmente consideró que  “desde ese punto de vista, como lo ha dicho el presidente, con un enorme error de concepto, que esto es comenzar a constituir soberanía alimentaria. Considero que soberanía alimentaria es producir más, no como cree el presidente, que se tiene soberanía alimentaria poseyendo una empresa que comercializa el 8% de lo que hace el sector agroindustrial. Entonces, está claro que este paso sobre Vicentin van a usarlo como si fuera una Junta Nacional de Granos, donde los resultados, probablemente, serán de menos transparencia del mercado y muy perjudiciales a los productores”.