El Impuesto a la Riqueza fue declarado inconstitucional
Lo determinó un tribunal federal de Corrientes, en un fallo de primera instancia luego del reclamo de un productor ganadero. Está considerado como "confiscatorio"
Por Redacción
La Justicia Federal de Corrientes declaró como "inconstitucional" el Impuesto a la Riqueza, con el argumento de que se trata de una medida impositiva confiscatoria.
Impulsado en un comienzo por el Frente de Todos, y sancionado a finales del 2020, el gravamen recibió las críticas del juez Gustavo del Corazón Fresneda bajo el concepto de que "viola las garantías y principios constitucionales". De esta manera, Fresneda hizo lugar al reclamo de Manuel Ulises Intra, un productor ganadero, contra la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y detalló que dicha ley es "violatoria del derecho de propiedad, principio de confiscatoriedad, principio de razonabiliadad y de capacidad contributiva".
El juez remarcó, entre otros fundamentos, que dicho Impuesto se implementó bajo la órbita de un tributo, no un aporte. Este es el motivo que llevó a analizar que la "alícuota efectiva" sobre la renta sería de un 118.658,78%. "Si nos basamos en una prueba contable", comentaba el productor que hizo el reclamo, "el pago del aporte solidario supera holgadamente las rentas que tendría que haber pagado el contribuyente durante todo el año".
Como resultado, este gravamen provocaría una "inadmisible absorción de la renta y el patrimonio, ya afectados por el impuesto de Ganancias y Bienes Personales". De esta manera, se exceden los límites razonables de imposición y se da como resultado la violación del derecho, según sostiene la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
El juez agregó que "el examen de las constancias me lleva a considerar que su aplicación se enfrenta con la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad privada, y afecta el principio de no confiscatoriedad". Esto después de comprobar que la carga impuesta resulta desmesurada, restringe su patrimonio, y le quita el derecho de propiedad al actor".
La intención del Gobierno era recaudar cerca de 400 mil millones de pesos, pero un año más tarde (diciembre de 2021) la AFIP dio a conocer que el fisco había recaudado menos del 60% de lo esperado. Luego de de la implementación, numerosas fueron las acciones judiciales para evitar el cobro.