El Gobierno solicitó a colegios privados que garanticen la "no presencialidad"

El ida y vuelta político entre la Ciudad y el Gobierno nacional sigue en pie y se profundiza más que nunca. En este sentido hoy el ministro de Justicia, Martín Soria junto con la cartera de Educación, Nicolás Trotta pidieron formalmente hoy a los colegios de gestión privada que "se garantice la continuidad de la educación no presencial" hasta el 30 de abril por el "crecimiento de la curva de contagios" de coronavirus, que se acentuó "de forma preocupante" y con el objetivo de "resguardar la salud de la comunidad educativa".

A través de una carta, a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, la Nación ratificó la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/221 e instó a las instituciones a cumplir con esa norma, "de acuerdo con lo dispuesto por la justicia federal".

Asimismo, el Gobierno solicita que "se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales".

El argumento específico de parte de los ministros apunta ciertamente a la resolución judicial dictada ayer por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 "dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021" por un "tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

"La vocación del Poder Ejecutivo Nacional es acompañar la tarea educativa en este difícil momento en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma preocupante, garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y resguardando la salud de la comunidad educativa", señala el texto.

"El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia. Además, acusó a Horacio Rodríguez Larreta, de "desobedecer el fallo de la Justicia Federal generó angustia e incertidumbre en la comunidad educativa".

En este contexto, las autoridades nacionales marcaron la "obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que alumnas y alumnos reciban clases no presenciales y las y los trabajadores no sean forzados a exponer su salud en medio del crecimiento exponencial de casos".

Por esa razón, además, el Gobierno pidió "que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas".

En el comunicado sostuvieron que la actuación de la Ciudad fue "una actitud política y jurídica irresponsable", tras haber decidido mantener la presencialidad en las escuelas y se refirieron a que Larreta "desconoce" un mandato de la autoridad judicial competente demostrando una "actitud política y jurídica irresponsable".