El gobierno de CABA busca destrabar el ingreso de las pistolas Taser
Las armas de electrochoque están hace tiempo en el país, pero el cambio de gobierno impidió utilizarlas. Argumentan motivos ideológicos para impedir su uso
Por Redacción
El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, confirmó, en la mañana del martes, que el gobierno porteño recurrirá a la Justicia para destrabar el ingreso de las polémicas pistolas Taser a la Argentina.
D'Alessandro explicó que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) había aprobado en mayo del 2021 la adquisición de 60 armas electrónicas para ser usadas por la Policía de la Ciudad. Pero afirmó que "a la semana echaron al funcionario que firmó la autorización".
El ministro se refiere a Ramiro Urristi, quien había rubricado el proceso licitatorio. Luego de dicha aprobación, el proveedor debía presentar un pedido de autorización de importación por parte de la ANMaC. "Esa solicitud se encuentra pendiente de resolución. El proveedor tiene que traerlas, y no se lo permiten. Hemos agotado la instancia administrativa, y si no hay respuesta iremos a la vía judicial", afirmó D'Alessandro.
Al mismo tiempo, el jefe de la cartera de Seguridad denunció que el Ministerio de Justicia de la Nación no les brinda el permiso porque "aplican sus funciones desde la ideología, no desde la Ley. La seguridad no puede tener ideología. Hubo muchos episodios donde tuvimos que cuidar a los que nos cuidan, es decir, los policías".
Historia repetida
Los ires y venires entre CABA y la Nación son varios. Este es un nuevo capítulo de una polémica que lleva años, desde que la gestión de Patricia Bullrich propuso el ingreso de armas electrónicas no letales, durante el gobierno de Mauricio Macri.
En mayo de 2019, mediante una resolución firmada por Bullrich, se había reglamentado el uso de las Taser por parte de la policía y por las fuerzas federales. Algunos meses antes, la entonces ministra de Seguridad había confirmado la compra de 300 de estos artefactos, a 3.000 dólares por unidad. Pero una de las primeras medidas que tomó Sabrina Frederic, ex ministra del gobierno de Alberto Fernández, fue derogar dicha resolución.
La intención del gobierno porteño era utilizar estas armas en lugares de gran afluencia de público, como estaciones de tren, aeropuertos o terminales de micros.
Las Taser son armas de electrochoque. Disparan proyectiles con cables que envían un shock eléctrico capaz de afectar los músculos, principalmente de brazos o piernas, e inmovilizar temporalmente al sospechoso.