1 Diciembre de 2021 - 17:43
Luego de distintas movilizaciones que tuvieron lugar en distintos puntos del país desde fines de octubre, propietarios de casas rodantes salieron a protestar el pasado sábado en contra de una normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que los obliga a homologar sus vehículos en un tiempo determinado.
Los reclamos se centran en el vencimiento de una prórroga que alcanzaba a todos los tráilers de menos de 750 kilos (identificados como Categoría O1): desde el 1 de abril, no podrán circular con la misma patente con la que lo hacían hasta ahora (conocida como 101) y para conseguir la nueva placa, deberán antes aprobar un informe técnico que garantice que el vehículo cuenta con determinadas condiciones de seguridad.
Pablo Calegani, presidente de la Asociación de Rodanteros Argentinos (ARA), dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó de qué se trata el conflicto. "Lo implementaron en agosto sabiendo que la prórroga para la categoría 1 terminaba el primero de noviembre. No se pueden cambiar las reglas del juego de esa manera, es ridículo. Demuestra la falta de conocimiento de las autoridades que manejan este tema", sostuvo el trabajador.
"Es una medida recaudatoria. La realidad es que hay muchas cosas que están fuera de toda lógica. Los organismos encargados de hacer las homologaciones son los mismos fabricantes que vendieron casas rodantes fuera de la ley hasta hace poco tiempo. Incluso ahora siguen vendiendo por una cuestión de costos", agregó Calegani en entrevista con El Ciudadano.
En ese sentido, el titular de ARA “Es ridículo que las personas que te exigen homologar son las mismas que están vendiendo fuera de la ley. Es ilógico, solo pasa en Argentina esto.
"La ley es del 2005. El Estado tira una ley, la promulga y después no se ocupa, se desliga. Le pone una chapa patente 101 a todos los tráilers y casas rodantes, con eso nos dejaron circular hasta hace poco, que dejaron de tener que homologar. El Gobierno trata de adecuarse a las normas del Mercosur, pero es meramente recaudatorio", aseguró Calegani.
Además, dijo que "desde abril estamos pidiendo a los organismos oficiales que nos tomen en cuenta como parte interesada en la toma de decisiones. Nunca nos contestaron. Cuando respondieron fue con evasivas que no tenían nada que ver con el pedido. A tal punto que tuvimos que intimarlos".
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