Cristina fue citada por Bonadio por la causa de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio volvió a citar a la expresidenta Cristina Kirchner para declarar como imputada en la causa de los cuadernos por el supuesto pago de sobornos en la obra pública, en un llamado que incluyó a otros cien empresarios y ex funcionarios.

Fuentes judiciales informaron que Bonadio convocó nuevamente a indagatoria a la exmandataria y a empresarios como Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex titular de IECSA, y Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-6-12-34-45-ahora-debe-decidir-el-tribunal

En total, son 101 indagatorias que Bonadio pidió por nuevos hechos de supuestas coimas en contratos de la obra pública, que también incluyen a los ex funcionarios Julio De Vido, José López, y Roberto Baratta.

La nueva ronda de indagatorias comenzarán a partir del próximo 20 de febrero, y la citación de Cristina Kirchner fue fijada para el lunes 25, un día antes del primer juicio contra la expresidenta por fraude en la obra pública, una causa conocida como "Vialidad". https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-6-13-52-40-piden-la-detencion-de-uno-de-los-hijos-de-lazaro-baez

Además, fue nuevamente citado el empresario Cristóbal López y uno de sus hijos, Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri de IECSA, Juan Chediack, Aldo Roggio, y otros tantos.

Muchos de los que vuelven a ser llamados por Bonadio son "arrepentidos" en la causa, ya que brindaron información sobre el pago de sobornos en la obra pública y los fondos ilegales para financiar campañas electorales o en materia de transporte. https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-6-9-13-7-lavagna-rechazo-participar-de-las-primarias-en-alternativa-federal

De las 101 personas abarcadas, solo 30 fueron citadas por primera vez, ya que el resto ya prestó declaración indagatoria.

Hasta el momento, Cristina Kirchner está procesada con prisión preventiva por ser considerada la jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a cambio del direccionamiento de la obra pública, y sobre ella pesa un embargo de 1.500 millones de pesos.