Convocan a marchas en todo el país por la seguidilla de incendios

Este fin de semana organizaciones no gubernamentales y figuras públicas del ambientalismo en Argentina convocaron a una movilización para el martes 18 de enero en distintos puntos del país. La iniciativa apunta a exigir una respuesta inmediata del Gobierno a la sucesión de incendios forestales y a manifestar oposición contra proyectos considerados perjudiciales para el medio ambiente.

Desde fines de 2021, distintos focos de incendio se han extendido por gran parte del territorio argentino. La dramática situación, que ya afectó a más de 300.000 hectáreas de diversos ecosistemas en 16 provincias, se ve agravada por los efectos de la crisis climática y la intensa ola de calor que dificulta la tarea de los brigadistas.

El 12 de enero, el Gobierno nacional decretó la emergencia ígnea en todo el territorio para reestructurar las partidas presupuestarias con el fin de aumentar las tareas de combate contra las llamas. A partir de entonces, la cifra diaria de incendios activos que consigna el parte elaborado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se mantiene entre 7 y 9. https://www.ciudadanodiario.com.ar/nacionales/nueve-provincias-registran-focos-activos-de-incendios-forestales

En este contexto, diversas organizaciones ambientalistas han expresado el repudio a las respuestas brindadas por la cartera que dirige Juan Cabandié, las cuales se consideran insuficientes. Uno de los momentos de mayor conflicto fue cuando, en simultáneo con la alerta por la extensión del fuego en cuatro provincias de la Patagonia, el funcionario utilizó su cuenta en Twitter para informar que 2021 "cerró con la superficie quemada más baja de los últimos cinco años".

Lo que argumentan espacios críticos de la gestión ambiental actual, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) o la Coordinadora Socioambiental Basta de Falsas Soluciones, es que los reportes se elaboran con datos territoriales aportados por las provincias, los cuales minimizan la magnitud del problema y no dan precisiones sobre la relevancia ecológica de la superficie arrasada por el fuego.

En el mismo sentido se expresó el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien aseguró que saber sólo el número de hectáreas quemadas no aporta información significativa: “No hay dos hectáreas iguales. Ese dato no revela nada desde lo cualitativo, porque no es igual una hectárea en una interfase rural-urbana en la Patagonia o en Carlos paz que una en una zona de ganadería extensiva en La Pampa o Santiago del Estero”, analizó.

Según consta en los informes diarios de incendios disponibles en argentina.gob.ar, Argentina aumentó 7 veces el presupuesto destinado a combatir incendios con respecto al ejecutado en 2020. Contratación de más aviones y helicópteros, nuevos centros de operaciones móviles, herramientas y ropa ignífuga para los brigadistas, entre otras mejoras, se habrían implementado con esta actualización.

No obstante, el reclamo de los sectores mas exigentes en materia de gestión ambiental apunta a la falta de legislación que garantice la acción oficial contra los desastres.

Descontento por la legislación ambiental

Cada vez son más frecuentes los reclamos contra la falta de fondos asignada a la Ley de Bosques -sancionada en 2009- y la postergación de la sanción de una Ley de Humedales. La influencia potencial de este tipo de normas, argumentan ambientalistas y militantes de organizaciones ecologistas, no sólo garantiza una mayor supervisión sobre los territorios que hoy están incendiados, sino también una mayor participación del Ejecutivo nacional en la gestión de recursos naturales de las provincias.

Por otra parte, y según consta en la convocatoria nacional para este martes 18, se exige al Gobierno no dar licencias a proyectos extractivistas sin garantías de desarrollo sustentable. El más discutido actualmente es el que prevé tareas de exploración sísmica para la explotación de petróleo frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca, aprobado por el ministro Cabandié a fines de diciembre.

La principal crítica a este proyecto, que fue repudiado con marchas durante la primer semana de enero en las ciudades costeras de Buenos Aires, es su potencial dañino contra ecosistemas y especies submarinas