Control de precios: los delitos en los que puede incurrir Camioneros

La medida adoptada por el gobierno nacional de permitir al sindicato de Camioneros y a organizaciones sociales controlar conjuntamente el programa Precios Justos en supermercados y tiendas minoristas del país generaron controversia y críticas de diferentes sectores.

Según abogados constitucionalistas, a la medida del Poder Ejecutivo no se ajusta a derecho y de qué delitos podría eventualmente acusarse a los gremialistas que realicen estas tareas de vigilancia.

En particular, el letrado Daniel Sabsay enfatizó en diálogo con Infobae que, según la Constitución, "el poder de policía no puede ser delegado y solo puede ser ejercido por el Estado y sus autoridades", ya que, de lo contrario, "puede generar graves injusticias".

“Lo más terrible es que esto parece el mundo del revés, porque ese trabajo le está siendo concedido además a Oscar Borda (jefe de la rama Logística y hombre de la máxima confianza de Hugo y Pablo Moyano), una persona que es especialista en aprietes”, señaló.

En sintonía con esto, el letrado recordó que el dirigente de Camioneros “está inclusive procesado en una causa por extorsión y es la base por la cual se tuvo que ir del país (el fundador de Mercado Libre, Marcos) Galperin”.

“Solo la Argentina se da el lujo de que pasen estas cosas. Es vergonzoso que este hombre sea quien ejerza el poder de policía y yo creo que los distintos supermercados pueden unirse para presentar amparos, porque son cuestiones que en el Derecho se conocen como decisiones absolutamente arbitrarias, porque no hay proporcionalidad entre el fin deseado y el medio elegido para lograrlo”, agregó.

Para el reconocido abogado constitucionalista, Sabsay, dijo además que los dueños de los negocios afectados podrían también “solicitar una acción declarativa de certeza de constitucionalidad, para que la Justicia suspenda la medida que habilita a estos energúmenos a controlar algo que le corresponde al Gobierno”.

“Yo pienso que hoy en día sí podría prosperar algunos de esos recursos, han avanzado muchos casos en contra del Poder Ejecutivo, inclusive contra (la vicepresidenta) Cristina Kirchner, pensemos en Vialidad, por ejemplo, en la que actuaron jueces y fiscales independientes. Sería muy importante que prospere porque, si no, estaríamos en un país sin derecho”, detalló.

Por otro lado, el abogado Diego Armesto consideró que “es incorrecto que los sindicatos realicen este tipo de tareas porque, si bien son personas jurídicas y públicas, no tienen el poder de policía que tiene el Estado”, por lo que estarían “afectando los derechos constitucionales” de los comerciantes.

“Acá corresponden varias cuestiones, pero la lógica sería que los empleados, los dueños de los supermercados y de las pymes, pueden rehusarse a que entren personas que son ajenas a las facultades que otorgan las leyes de la República Argentina en lo que respecta al control de precios”, señaló.

“No hay ninguna normativa que los respalde, por lo que podrían avanzar contra ellos haciendo las denuncias pertinentes contra estas personas, aunque para eso habría que individualizarlas, y ya sería un trabajo más engorroso, pero desde mi punto de vista están impedidos (los gremios) a realizar esos controles”, marcó.

Por otro lado, Felix Lonigro coincidió con sus colegas y resaltó que “acá los mayoristas deben lograr que un juez frene esta medida a través de una acción de amparo colectiva, porque se está haciendo algo que está fuera de la ley”, y advirtió además sobre las consecuencias que podrían tener los gremialistas según la actitud que tomen ante presuntas infracciones de los locales.

“Yo no sé cómo fue el acuerdo, no sé cómo se desarrolló, pero los camioneros no tienen el ejercicio del poder político estatal y, por lo tanto, están cometiendo un delito, concretamente lo que se llama ‘usurpación de autoridad’, que es cuando te arrogás la potestad de hacer una tarea que le corresponde hacer al Estado”, explicó.

“Si el camionero ingresa a un lugar que es privado, pero de acceso público, como lo es un supermercado o un mayorista, no le pueden impedir el ingreso, pero si adentro comienzan a tener actitudes arbitrarias, ahí ya al comerciante le cabe la posibilidad de hacer uso del derecho de admisión y permanencia de esta gente, pedirles que se vayan, llamar a las fuerzas públicas o iniciar una acción judicial”