Causa Vialidad contra CFK: comenzó el alegato de Julio de Vido
Los fiscales pidieron diez años de cárcel e inhabilitación para el exministro de Planificación Federa. La semana que viene llega el turno de los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner
Por Redacción
Sigue el proceso por la Causa Vialidad, en la que varios ex funcionarios del kirchnerismo están imputados por distintas figuras legales. Este lunes llega el turno de Julio de Vido, ex ministro de Planificiación Federal, a quien se lo acusa de ser el organizador de una asociación ilícita, además de estar al frente de una administración fraudulenta.
Diego Luciani y Sergio Mola, fiscales de la causa, pidieron diez años de prisión y también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex funcionario kirchnerista, como parte de las acusaciones en el proceso por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
La fiscalía advirtió que el 23 de noviembre de 2015, un día después de las elecciones que dieron como triunfador a Mauricio Macri, el ex ministro de Planificación Federal "modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad, y destinó $102.500.000 extra para el pago de obras por convenio".
Los investigadores llegaron a la conclusión de que de Vido "tuvo un rol de importancia a la hora de canalizar los fondos" hacia Lázaro Báez, el empresario ligado al kirchnerismo. Además, el ex ministro participó del "Plan Limpiar Todo", antes del fin del mandato presidencial de la entonces presidenta, en 2015.
Los alegatos de Cristina Kirchner
El 19 de septiembre comenzarían los alegatos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después del turno del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Para este funcionario, la fiscalía pidió cuatro años de prisión por estar considerado como autor responsable de "administración fraudulenta".
En el caso de Cristina, los fiscales pidieron 12 años de cárcel y también la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La acusación formal es "haber sido la jefa de la asociación ilícita", y de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Los abogados de la vicepresidenta ya anticiparon que van a demostrar que "la fiscalía mintió, que la prueba producida fue recortada intencionalmente, algo que los fiscales hicieron incluso con los testigos pedidos por ellos mismos".