Aseguran que el Gobierno había ofrecido tierras a los mapuches, pero estos las rechazaron

La fiscal interina María Cándida Etchepare, a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, dio a conocer un comunicado en el que asegura que el Gobierno había destinado tierras estatales para los grupos autopercibidos mapuches con el fin de neutralizar el estado de violencia que se vive en Villa Mascardi (Río Negro), pero un grupo de ellos rechazó de plano el ofrecimiento.

En el escrito, la funcionaria detalló el proceso que se dio en los últimos años, e hizo mención a que los mapuches rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo, antes del desalojo que se concretó este 4 de octubre último.

La Justicia Federal había solicitado el desalojo de los siete predios usurpados por el grupo "Lof Lafken Winkul Mapu", que viene reclamando tierras públicas y privadas como propias. En el texto se explica que "el grupo autopercibido mapuche no canalizó sus reclamos por las vías del derecho, no hubo inscripción ante el Instituto nacional de Asuntos Indígenas, ni pidió ser relevado". Indicaron también que "no existe registro ni petición alguna vinculadas a este grupo de personas". El documento agrega que "por el contrario, la comunidad Lof Colhuan-Nahuel sí se inscribió, y se le reconocieron tierras en el barrio Virgen Misionera".

Desde el año 2017, fecha de origen de los conflictos, se han sucedido varios desalojos, pero el de septiembre de este año reviste un nivel de violencia mayor, cuando un grupo entre 15 y 20 personas atacaron a gendarmes que custodiaban un terreno privado en las proximidades del Lago Mascardi. "El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo”, puede leerse en el texto publicado por la fiscalía.

Numerosos funcionarios vienen sufriendo ataques con distintos niveles de violencia. Jueces, fiscales, empleados judiciales, policías, gendarmes, y hasta la propia gobernadora de Río Negro han sido blanco de represalias por parte de los grupos mapuches al intentar acercarse a los predios. "Incendio de propiedades, destrucción de estructuras edilicias, interrupción de la ruta 40, destrucción de vehículos y colectivos turísticos, todo eso viene siendo provocado por algunas comunidades", detalla el escrito.

Para la fiscal Etchepare, el último pedido de desalojo responde a la intención de "agotar todos los canales de diálogo intentados por esta fiscalía durante los dos últimos años". En este tiempo hubo numerosas audiencias, en las que participaron miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu y autoridades de distintos organismos estatales y, según la funcionaria, "incluso Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del exhotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades”.

"Nada alcanzó", prosigue el texto de la fiscal. "A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar”, detallaba.

Señalaron, además, "la intervención por vías políticas del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y organizaciones de derechos humanos. Ninguno de los actores involucrados logró traer al proceso algún atisbo concreto de acuerdo que permitiese evitar la vía penal haciendo prevalecer el diálogo pacífico, ya que la comunidad no se ha mostrado realmente dispuesta para esto”.

El resultado del último desalojo, que tuvo lugar el 4 de octubre, fue de siete mujeres detenidas que, en un principio, fueron trasladadas a Ezeiza y luego devueltas a Villa Mascardi.