ARA San Juan: en qué estado se encuentra el juicio a cinco años de la tragedia

Pasaron cinco años, y todavía hay puntos sin resolver en la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, una tragedia que dejó como saldo la muerte de sus 44 tripulantes.

Más de treinta cajas con documentos reservados, cuarenta y cinco cuerpos de expedientes, más de doscientos testigos, cuatro oficiales de la Marina imputados, y un pedido de investigación sobre las autoridades nacionales de aquel entonces: mucho queda por hacer. Pero poco se ha hecho.

No hay todavía una fecha para el juicio oral. Y a pesar de los años transcurridos, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó. No se hicieron investigaciones de los restos del buque de guerra, que fueron encontrados a más de 900 metros de profundidad, aunque hay tres discos rígidos con fotografías de dichos restos. 

El Código Penal, en su artículo 189, impone prisión de un mes a un año 'a quien, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos”.

Además, “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años".

Esto último indica que es muy poco probable que alguno de los procesados de esta causa termine en prisión, en el caso de ser encontrado culpable. 

La causa, caratulada como "Estrago culposo agravado por muerte de 44 personas”, está a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

La magistrada, por poner un ejemplo, nunca citó ni incomodó al entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, a pesar de que el 19 de noviembre de 2020 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó en primera instancia investigar al mandatario, junto a Aguad y Srur, por presuntas responsabilidades en el hundimiento del submarino. Las querellas no han tenido novedades del avance de la investigación realizada a estas tres autoridades.

En el mismo día en que la Cámara ordenaba a la jueza investigar a dichos funcionarios, se confirmaban los procesamientos de Claudio Villamide (ex comandante de la fuerza de submarinos),

Luis Enrique López Mazzeo (ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval), Héctor Alonso (ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos), y Hugo Miguel Correa (ex jefe del departamento de operaciones).

Los camaristas Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman dispusieron, en el fallo de 177 carillas, el sobreseimiento del ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina Jorge Sulia y del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada Eduardo Malchiodi. 

En la extensa resolución, los jueces ordenaron que la jueza arbitre los medios para realizar una “pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del submarino ARA San Juan por parte de la empresa Ocean Infinity”. Pero esta orden nunca se cumplió.

El 24 de septiembre de 2020, y después de conocerse la denuncia por supuesto “espionaje” que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría realizado sobre las víctimas y querellas, la jueza afirmó sobre la causa que ella investigaba: “Esto fue una AMIA a 900 metros de profundidad, con un elemento muy particular: que es un arma de guerra y con personas adentro”. La cuestionada frase la dijo en Télam Radio.

Casi dos años después, el 17 de julio pasado, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dictado por el juzgado federal de Dolores contra Macri y la cúpula de la AFI integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y los ex directores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el ex director de Reunión Eduardo Winkler, el ex jefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que revistaban en esa repartición.

Allí se denunciaba un espionaje por parte del ex presidente y esos ex agentes hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando reclamaban por la búsqueda del submarino.

Por fuera de la justicia civil, la tragedia del submarino con su tripulación también fue investigada por el Consejo General de Guerra que estuvo conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General Juan Martín Paleo (Ejército) y el Brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo presidió un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ex entonces ministro de Defensa Agustín Rossi.