Nuevo impuesto: apuntan contra las clases deportivas en espacios públicos

Durante la pandemia, se vio como en algunos espacios públicos creció la modalidad de clases de gimnasia funcional o crossfit.

En muchos casos esta actividad la llevan adelante profesores o profesoras de un gimnasio específico pero al no poder contar con las medidas sanitarias óptimas en el interior de esos locales, ya sea por el tamaño del salón, la ventilación del mismo, el cupo de personas o cuestiones de logística generales, se mudaron a diversos espacios verdes.

También ocuparon plazas y paseos otro tipo de profesionales deportivos, es decir que no responden a un gimnasio en particular, sino que son privados que tienen un grupo de personas a las cuales coordinan y le dan su rutina física para que luego llegue hasta el lugar otro grupo y cambie el turno. Párrafo aparte merece el caso de aquellos/as que no están habilitados para dar clases de educación física pero aun así lo hacen.

El departamento Guaymallén, es quizás en el que más se ha observado esta práctica de usar los espacios públicos, para dar clases de gimnasia algo que genera controversia también. Hay vecinos que quieren disfrutar de esos espacios verdes y les molesta que haya personas concentradas gran parte del día en algún punto de esos pasos abiertos y que hacen que uno, no pueda estar allí si no forma parte de esa clase deportiva. Generalmente esas clases, generan un “despliegue” importante de personas, pesas y marcadores necesarios para que el docente deportivo lleve adelante la clase (en algunos casos hasta se pone música con un volumen considerable).

La polémica se gestó e intervino la Municipalidad de Guaymallén que ahora cobrará un canon a estos docentes deportivos que dan clases en espacios públicos. Hay algunas excepciones a tener en cuenta.

Evelyn Pérez, presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén conversó con medios de comunicación en la mañana de este viernes 4 de junio y dio detalles de la ordenanza que podría ver muy pronto ver la luz.

“La ordenanza persigue dos fines, ordenar el funcionamiento de esta actividad que no estaba regulada y que ha crecido exponencialmente en la pandemia” dio Pérez.

“Es algo que no era habitual lo de estos profesores de educación física dando rutinas en espacios públicos. Pensamos en regularlo en beneficio de los vecinos del departamento”, describió la funcionaria.

Pérez también reconoció que en muchos casos detectaron a personas que estaban dando clases de este tipo pero que no estaban en condiciones formales para poder ejercer como profesores.

“Lo hemos especificado para evitar que haya riesgos a la salud de los vecinos del departamento. A su vez se ha solicitado un seguro para cubrir en caso de accidente o algún evento no contemplado”, dijo la presidenta del Concejo Deliberante.

En cuanto a la nueva tarifa que deberán abonar quienes cumplan con los requisitos para dar este tipo de clases deportivas, Pérez advirtió que el cobro del canon “es lo que genera más controversia entre la gente”. La edil detalló que es “un canon mínimo de 100 unidades tributarias que oscila entre $700 y $800.

“Genera un poco de igualdad o justicia con respecto a algunas situaciones que se daban, porque también teníamos quejas de los gimnasios y demás. Ellos abonan un canon mensual a los municipios y en pandemia muchas veces se vieron imposibilitados de dar clases. Se contempló eso en la ordenanza y se ha previsto que ellos no tengan que abonar ningún canon en caso de que ellos quieran hacer uso de ese espacio, sí deberán pedir el horario porque se deben inscribir en un registro”, explicó Evelyn Pérez.

La polémica no se hizo esperar y hubo profesores que “pusieron el grito en el cielo” por el cobro de este canon, ya que remarcan que ellos ya pagan un monotributo.

“Siempre que digas que se va a cobrar un canon, se genera controversia y es lógico. En principio nada es imposible de cambiar, se acaba de ordenar, hay que ver cómo funciona la ordenanza y el tipo de impacto que tiene y a partir de ahí ver si se acepta o no modificar algún aspecto de la misma”, opinó la funcionaria de Guaymallén.

“Ningún profesor cobra menos de mil pesos a cada alumno, en el caso de que use un turno nada más tiene menos del 10% de lo que paga del canon. Si lo tomás en consideración con otras actividades esto no representa un valor alto. Veremos el impacto y si hace falta reformarlo o modificarlo se hará. No estamos cerrados”, admitió Evelyn Pérez.

El caso sería distinto si hubiera una actividad no rentada. “El canon es solo para actividades rentadas porque ellos están usufructuando los espacios públicos”, explicó la presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén que defendió que “era necesario comenzar a regular esta situación”.

En el cobro de este canon se tendrá en cuenta la cantidad de días y los horarios solicitados. Pérez dijo al respecto que el cobro será “por la carga horaria. 100 unidades tributarias por una carga horaria y 130 por mayor carga” especificó.

En cuanto a los sitios en los que se llevarán adelante estas prácticas Evelyn Pérez dijo que habrá zonas habilitadas y un espacio de consultas de los vecinos donde se pueden atender vicisitudes en caso de que surjan.

La funcionaria de Guaymallén también admitió que detectaron casos de personas coordinando estas actividades y cobrando por las mismas y que no están formalmente habilitados, es decir se hacían pasar por profesores/as de gimnasia. “Hubo casos detectados durante la pandemia. Eso puso en alerta a la situación”, aclaró Pérez.

Los docentes de educación física, deberán acreditar el título habilitante si las autoridades departamentales se los demandan.

Los deportes que se estén practicando en esos espacios públicos pero formen parte de un gimnasio, quedarán entonces exentos del cobro de este nuevo canon que contempla el proyecto que busca ser validado próximamente.

“Los clubes deportivos cuando llevan a sus integrantes a hacer ejercicio (a esos sitios) están exentos porque están registrados dentro de la Municipalidad y están en condiciones de regularidad con el municipio”, dijo Pérez al respecto.

La ordenanza fue aprobada ayer y ahora se tiene que remitir la norma al Ejecutivo departamental, que comanda Marcelino Iglesias.

“Calculemos que en 15 días estaría aplicándose”, detalló la presidenta del Concejo Deliberante.