Denuncian que aún en cuarentena sigue habiendo sustracción y venta de recién nacidos

Dos aberrantes hechos de venta de bebés se produjeron en los últimos días, y si bien fueron interrumpidos por el accionar de instituciones y organismos de la Justicia, es una clara demostración de que la oscura actividad se practica a pesar del aislamiento social por la pandemia del COVID-19.

También demuestra que los organismos de la Justicia, fuerzas policiales y centros de salud, privados o públicos, siguen siendo permeables y, en algunos casos, cómplices de las maniobras que dejan millonarios dividendos.

En la Argentina no hay un marco jurídico suficiente para que el Estado sea más contundente a la hora de actuar con el fuero penal sobre instituciones y personas que practican desde hace mucho tiempo la acción de sustracción y venta de recién nacidos, que convergen en quitarle la identidad de origen a una persona. 

De allí que Mendoza se haya transformado en la precursora o punta de lanza nacional con la Ley 9.182 que envuelve el ‘Programa Provincial de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectiva’.

El logro legal fue votado por unanimidad de senadores y diputados del Poder Legislativo mendocino el 14 de agosto de 2019. Fue tras un largo peregrinar de los ideólogos del proyecto, un cúmulo de personas comprometidas a través del Colectivo Mendoza por la Verdad.

Sobre el tema, El Ciudadano entrevistó a la asesora legal del Colectivo, Guadalupe Álvarez, quien al preguntarle si aún en cuarentena se producen más casos de robo y ventas de bebés, respondió: “Sí, el delito continúa produciéndose impunemente. Es tener esa impotente sensación que el delito no está en cuarentena. Fíjese que recientemente, en pleno aislamiento social, hemos tomado conocimiento de dos casos. Uno es el de una bebé recién nacida que fue vendida por su padre y su madre a una familia en Córdoba”.

—¿Qué pasó con la recién nacida?

—La bebé era de Cañuelas (Buenos Aires) y de allí pasó todos los controles entre Buenos Aires y Córdoba, sin que nadie lo detectara hasta el destino de la transacción. Finalmente, cuando estaba en Córdoba, a través de una denuncia se pudo dar con el paradero de la bebé y actualmente se encuentra a disposición de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) bajo la protección de médicos y especialistas.

—¿Cuál fue el otro caso?

—Pocos días después, a través de una red que acompañó profesionalmente desde Mendoza, la Red Argentina por la Opción, notamos en las redes sociales la alerta de que se estaba dando una posible transacción. Esto es la compra de una persona recién nacida, de la que inmediatamente se hizo la correspondiente denuncia. Asombra y por qué no, espanta, que la gente siga naturalizando al borde de un absurdo esta acción. Se actúa romantizando lo que es la sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad, cuando en realidad es un delito. Que, por lo que se nota, no está en aislamiento.

Instrumentos jurídicos y controles efectivos 

—¿Qué paso con los controles? 

—Vemos que los controles interprovinciales siguen fallando porque no se constata la verdadera identidad de esos o esas bebés que circulan entre provincias. Existe un cúmulo de leyes que se están sancionando. Aquí, en la provincia de Mendoza contamos con una que es punta de lanza jurídica en el país.

—¿Solo Mendoza con una ley para resguardar la identidad de origen?

—Hay otras, como la que se está tratando en Buenos Aires y también está en elaboración una en Córdoba. Son leyes para la protección del derecho a la identidad de origen y para reparar y restituir la identidad de las personas.  Le observo que todas van post delito, que llevan a la necesidad que se ajusten los controles interprovinciales. 

“Hay una sociedad que no está notando el duro peregrinar de personas buscando su verdadera identidad de origen, por lo que es inconcebible que se siga tratando a los o las bebés como objetos susceptibles de transacciones económicas”, consideró Álvarez.