Buscan una solución para las deudas de familias con el IPV

El Gobierno de Mendoza ha decido avanzar en darle solución a un problema de larga data que involucra al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y a los beneficiarios de las viviendas. Debido a ello, el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y la titular del IPV, María Marta Ontanilla, acercaron a la Legislatura una propuesta del Ejecutivo que tiene el doble objetivo de solucionar el problema de la mora y el de la escrituración.

Otra de las facetas que sostiene el proyecto es que se propone implementar un régimen de cancelación anticipada. 

Desde el organismo resaltaron que la iniciativa alcanzará a más de 40.000 familias y, según informaron, este plan de regularización dominial de las viviendas del Instituto está dirigido al 70% de las familias, que aún tienen deudas por sus viviendas y no logran escriturar.

Al respecto, la titular del organismo señaló que “se trata de atender de manera más personalizada la cartera de créditos que tiene el IPV. Esto va a permitir que las familias puedan cancelar sus deudas históricas con algunos beneficios que trae la ley, que de otra manera no lo podríamos hacer”. 

“El final que todos esperamos es que las familias finalmente puedan recibir la escritura de su vivienda. Las personas que son poseedoras, que no tienen la escritura y que demuestran su posesión pacífica van a poder regularizar la situación”, agregó la funcionaria.

En cuanto a los números, destacó que “el IPV tiene una cartera de 60 mil créditos, y esta ley apunta a beneficiar casi al 70% de esa cartera. La vamos a presentar, se va a tratar en Diputados e imagino que en los primeros meses del próximo año la podremos implementar si todo va bien”, dijo, refiriéndose al inicio de 2022.

El proyecto busca además reducir el gasto estatal, ya que no se puede soslayar que es el propio Estado el que asume las deudas del IPV. Sobre el particular, el ministro Isgró indicó: “Esto de poder ayudar a las familias a que regularicen su deuda permite que el Estado disponga de más recursos para construir casas para quienes hoy no la tienen, como así también dejar de afrontar gastos que esas viviendas ocasionan por estar todavía a nombre del Estado”. 

“Lo que buscamos es que con esto se produzcan dos cosas: principalmente, que la familia tenga su bien y que dejen de estar a nombre del Estado provocando el gasto mensual y anual que eso implica. Eso en definitiva significa un ahorro que permite proyectar más viviendas para mendocinos”, aseguró.

Morosidad agravada por la pandemia

Otro punto que se destacó es que quienes habiten una casa entregada por el IPV producto de una venta, cesión de derechos o permuta, podrá solicitar el cambio de titularidad. Para ello deberá cumplimentar ciertos requisitos determinados.

Además, en el proyecto se incorpora una cláusula hasta hoy ausente, y que determina que  quienes deseen acceder a la escrituración podrán hacerlo incluso si registran deuda con diversos organismos.

Hasta el momento es una traba para muchos adjudicatarios, que no pueden hacerlo registrando moras con prestadoras de servicios, como electricidad o agua. 

Un punto saliente es que cuando se escriture con esas deudas, el titular pasa a ser el deudor, mientras que antes era el organismo estatal el deudor, lo que aliviará las arcas públicas y da sentido a la frase de Isgró sobre abocar los recursos específicamente a construir casas. Eso no implicará que esas deudas sean condonadas, ya que solo cambia el sujeto a quien reclamar.

La situación de morosidad que afronta el IPV se vio sumamente agravada por la pandemia de COVID-19, y según trascendió, los deudores son alrededor del 60% de los adjudicatarios, una cifra que excede cualquier posibilidad de un funcionamiento racional. 

Esto ocurre pese a que las cuotas son, en su gran mayoría, muy accesibles, en algunos casos de valores irrisorios cercanos al costo de un paquete de cigarrillos. Es que los planes no tenían mecanismos de actualización, con lo cual la gran mayoría de los créditos tienen cuotas inferiores a quinientos pesos.

El proyecto ingresó el pasado jueves a la Cámara de Diputados, pero su tratamiento no se dará en breve. Esto se debe a que a partir de la semana que viene comenzará el receso legislativo que se extenderá durante todo enero.

Esto quiere decir que el tratamiento en comisiones y a la discusión de la propuesta podría arrancar recién en febrero. “Me imagino que en marzo o abril podremos estar implementándola si todo va bien”, manifestó Ontanilla.

Beneficios de la ley

La aprobación de la norma permitirá que los beneficiarios accedan a facilidades, mediante descuentos y la simplificación de trámites, para regularizar la titularidad de la vivienda que habitan y así, finalmente, acceder a la escrituración.

Quienes habiten una casa entregada por el IPV producto de una venta, cesión de derechos o permuta podrán solicitar el cambio de titularidad siempre que cumplan con los requisitos que se han determinado para este fin.

Además, el proyecto establece que los que deseen acceder a la escrituración podrán hacerlo aun cuando registren deuda con diversos organismos. Esta situación, que para muchos adjudicatarios significaba un obstáculo, quedaría simplificada. No significa que esas deudas sean condonadas sino que, al ser reconocidas, les permitirá continuar con el curso del trámite.

Otro punto importante es el referido a la implementación de un régimen de cancelación anticipada. En este sentido, se han establecido diferentes beneficios dependiendo el saldo de capital adeudado o de la antigüedad de la vivienda o crédito.

Uno de los objetivos de este proyecto de ley es darle al IPV la posibilidad de depurar su cartera, reduciéndola, lo que le permitirá mejorar la administración de los créditos vigentes.