Mendoza, a punto de adherir a la ley sobre ética, anticorrupción y transparencia
En un foro organizado por ADEN se coincidió en la necesidad de adecuar las normas provinciales a la legislación nacional
El Poder Legislativo mendocino está por tratar la adecuación de la estructura jurídica de la provincia a la Ley nacional de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, un avance legal bien visto por el escenario internacional tras las bochornosas cuestiones que pusieron a la Argentina en el lote de países con altos índices de corrupción.
En la actualidad, cualquier empresa que licite y tenga contraprestaciones con el Estado se debe regir bajo los estrictos estándares que demanda la Ley Nacional 27.401, algo sobre lo que muchos aseguran que si hubiera estado en vigencia años atrás, hoy no existiría la llamada “causa de los cuadernos”, entre otros hechos de corrupción que imperaron en el país.
La provincia necesita adecuar su andamiaje judicial a la nueva ley y es por eso que días atrás ADEN Internacional Bussiness School Mendoza organizó un importante foro que contó con la presencia de empresarios, ejecutivos y representantes legales de empresas, además de funcionarios y legisladores.
Todos ellos escucharon y protagonizaron un importante debate con el senador Juan Carlos Jaliff (UCR) y los diputados Marcos Niven (PD) y Pablo Priore (PRO), tres legisladores que han preparado proyectos de ley de adecuación a la norma nacional que vuelve a poner al país en lógicos marcos de ética, anticorrupción y transparencia.
En el encuentro, El Ciudadano dialogó con uno de los moderadores del foro e integrante de ADEN, Gilberto León Santamaría, quien a propósito de esta iniciativa dijo: “La idea principal es que desde la provincia se tome conciencia de la necesidad de la adhesión a la Ley nacional de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”.
Sobre cómo debería ser esa adhesión, Santamaría explicó que “esta ley dispone, en su artículo 28, que las provincias encuadren su estructura legal a dicho instrumento jurídico, además de implementar los caminos necesarios para su total ejecución, como la modificación de la ley de contratación pública, de obras públicas, Código Procesal Penal de Mendoza y la Ley de Administración Financiera. Todas ellas tienden en su conjunto a que las empresas que hayan contratado con el Estado provincial cumplan con ciertos planes de integridad que tienen como principal objetivo impedir maniobras de corrupción entre el Estado y los particulares”.
“Las empresas deben ajustarse a la nueva ley”
Sobre las aplicaciones nuevas a las que se deben adecuar las empresas en su relación con el Estado, Santamaría explicó: “La Ley Nacional 27.401 está en vigencia y por eso las empresas que contratan con el Estado nacional deben cumplir con los planes de integridad y demostrar que dentro de las mismas se haya implementado una serie de canales de denuncias y actividades tendientes a evitar acciones de corrupción”.
“Antes de esta Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas –agregó- hubo otros cuerpos normativos que establecieron normas similares, como el Código Aduanero y la Ley Penal Tributaria. Los mismos establecían artículos internos como por ejemplo sobre lavado de dinero. Entonces la nueva norma apunta en forma concreta a ética y transparencia para evitar delitos de cohecho o corrupción, además de la relación de los funcionarios públicos con empresas privadas”.
Avances en transparentar lo público y lo privado
En el foro de ADEN también expuso el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suarez, quien después de su participación le expresó a nuestro diario: “Mostramos los avances que tenemos en esta materia en la provincia. Todos alcanzados durante la actual gestión de gobierno en torno a la transparencia”.
El funcionario delineó las leyes vitales para alcanzar ese objetivo, al indicar que “Mendoza tiene sancionada desde el año 2017 una Ley de Ética Pública que establece deberes e incompatibilidades. Obligaciones de funcionarios públicos, muchas de ellas vinculadas a cómo se deben desenvolver en el marco de contrataciones, licitaciones y adjudicaciones”.
“En lo otro en que avanzamos en la provincia es en la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2018. Como dato, Mendoza era uno de los pocos Estados que no contaban con este instrumento. Se logró por un trabajo en conjunto con la sociedad civil, universidades y un importante consenso en la Legislatura, lo que permitió que tengamos esta ley”, indicó.
Refiriéndose al encuadre de la provincia a la nueva ley nacional, Suarez reflexionó: “Creo que es muy importante modernizar al Estado. Se debe hacer con algo en lo que todos coincidimos, restableciendo el vínculo de confianza entre el Estado y el ciudadano. Eso, en su momento, se rompió por malas prestaciones en los servicios y por hechos de corrupción”.
“Entonces decimos que el camino que hay que transitar para restablecer ese lazo de confianza es abrir al ciudadano a la información pública, que pueda acceder a todos los datos del gobierno. Conocer quiénes son los funcionarios, cuánto cobran, en qué y cómo se gasta la plata del Estado. Por sobre todo, que la gente sepa que los funcionarios tienen una responsabilidad cuando ejercen sus funciones”, finalizó el funcionario provincial.