Médicos mendocinos se oponen al Registro de mala praxis

La mala praxis médica es una acción penada por la ley con la inhabilitación de por vida en el ejercicio legal de la medicina del profesional sancionado. En muchos casos indica el procedimiento penal con encierro carcelario. Por eso, quizás profesionales de la salud, efectores públicos y privados constituyen una suerte de cofradía inexpugnable difícil de investigar, mucho menos procesar y juzgar ante hechos de este tipo. Sobre todo cuando en muchos casos se han perdido vidas humanas.

Un ejemplo fuerte y emblemático ocurre por estos días en la provincia, el caso de la nena Guadalupe Codes. Algo que ha despertado una feroz batalla judicial en dos frentes, el penal –que todavía no tiene elevación a juicio– y el administrativo, –en manos de la Suprema Corte de Justicia–, última instancia donde se dirime si se inhabilita en forma temporal o de por vida el ejercicio legal de la medicina de las médicas involucradas en el proceso penal.

Por todo esto es que un proyecto de ley que debate la Cámara de Diputados provincial ha despertado resquemores y hasta protestas ante la presidencia de dicho cuerpo legislativo por parte de entidades que representan a profesionales de la salud, caso AMPROS. Todos ponen el acento en que no fueron consultados y que no debería existir un registro que exponga a un profesional que esté imputado por mala praxis, como indicaría el proyecto.

También hay legisladores que no acompañarían dicha iniciativa parlamentaria, como Daniel Rueda (PJ), quien en breve diálogo con nuestro diario sostuvo: “Creo que un proyecto de ley de esta envergadura no ha sido consultado con el Círculo Médico y con AMPROS, mucho menos con ningún círculo médico del interior de la provincia, ni siquiera con el Poder Ejecutivo. Entiendo entonces que debemos buscar el respaldo de tamaña ley, porque es importante saber qué piensan y qué análisis hacen de la misma, para saber si se aprueba o no”. 

Al momento de explicar su determinación de no apoyar la iniciativa, argumentó: “En mi caso decidí no respaldar con mi firma el proyecto, no solo por todo lo que le expresé, sino también porque hay algunos puntos que considero poco claros a la hora de implementar un registro en lo que se exponen profesionales de la medicina”.

Un paciente tiene derecho a saber qué profesional lo atiende

También El Ciudadano mantuvo diálogo exclusivo con el autor del proyecto, el diputado Emiliano Campos (UCR – FCM) y más allá de la fuerte resistencia al instrumento jurídico consideró: “El proyecto tiene la intención de crear un registro de profesionales de la salud que abarque a los médicos y todos aquellos que de manera directa o indirecta están relacionados con el tema de la salud. La idea es que sea un elemento de fácil acceso para cualquier ciudadano que debe hacerse atender, en donde consten todos los antecedentes académicos”.

“Si bien la matrícula es importante como la fe pública a la hora de respaldar a un matriculado, el registro es fundamental para saber las especialidades. Porque se ofrecen especialidades, sobre todo en centros asistenciales alejados de la Ciudad de Mendoza y la gente debe saber si ese profesional que llegó para cubrir dichas especialidades tiene capacidad académica para las mismas”, agregó Campos.

Sobre los polémicos puntos del proyecto de ley, el legislador detalló: “El registro contará con una columna donde figurará si el profesional tiene alguna sentencia firme sobre mala praxis o con algún episodio juzgado por violencia de género. Dos ítem muy fuertes a los que el ciudadano común tiene restringido el acceso al conocimiento”.

Al observársele que la entidades que nuclean a los médicos resisten esta cuestión dijo enfáticamente: “En el caso de mala praxis debe existir sentencia judicial firme. Donde el profesional involucrado pasó todas las instancias que un proceso judicial indica, fundamentalmente el correcto ejercicio del derecho de defensa y el análisis de peritos partes, incluidos. Entonces, con sentencia firme se publicará en el registro, por un plazo mínimo de dos años, la inhabilitación del profesional. Existen muchos ejemplos de casos en la provincia donde ha existido mala praxis, que si hubiera estado en vigencia un registro de este tipo, se podría haber evitado muertes de ciudadanos. Como el cirujano de la calle Alem que tuvo dos personas fallecidas por mala praxis”. 

Las corporaciones no deben manejar al estado

El Ciudadano le preguntó si no cree que los profesionales podrían sentirse perseguidos y respondió:, “No, no significa que este registro implique persecución de médicos. Solo entendemos que la provincia de Mendoza tiene profesionales de la medicina de excelente nivel, por lo que este registro, para nada puede perjudicarlos, por el contrario, esta ley terminará beneficiando su noble tarea”.

Finalmente y al responder sobre por qué no se consultó a entidades como el Círculo Médico o AMPROS, Campos entendió: “Existen algunos tipos de leyes a las que no se les pueden hacer defensas corporativas. En este caso estamos protegiendo a los millones de ciudadanos de Mendoza que deben ser atendidos por cientos de profesionales de la salud. Por lo tanto, considero que no debemos permitir que las corporaciones terminen manejando al Estado. El derecho a la información es un derecho básico que tiene cualquier persona, que está protegida por los tratados internacionales, derechos humanos y por nuestra Constitución. Hace poco sancionamos la Ley de Derecho a la Información Pública donde cualquier persona puede saber los movimientos de todo lo que sucede en el Estado. ¿Por qué entonces esas personas no pueden saber en cualquier parte de la provincia el nivel académico y los antecedentes del profesional que los ausculta?”, concluyó el diputado.