Piden citar a indagatoria a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

En un avance significativo dentro del ámbito judicial, el fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes que el expresidente Alberto Fernández sea citado a indagatoria por presuntos hechos de violencia de género cometidos contra su expareja, Fabiola Yañez. El pedido fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien evaluará la evidencia y decidirá si Fernández deberá ser indagado.

La investigación, que comenzó hace tres meses, permitió al fiscal González reunir elementos para acusar a Fernández de tres delitos distintos: lesiones leves doblemente agravadas por tratarse de violencia de género y hacia su pareja, un caso de lesiones graves por debilitamiento permanente de la salud, y coacciones hacia Yañez para disuadirla de presentar una denuncia penal. Estos delitos, en conjunto, podrían implicar una pena de 3 a 18 años de prisión para el expresidente en caso de una condena.

En su dictamen, el fiscal González sostuvo que "el análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación". El informe cita la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y señala que se habrían detectado actos de violencia psicológica, física y económica.

La relación entre Fernández y Yañez, según detalló González, estuvo marcada por "una asimetría de poder" que generó un contexto de violencia psicológica, ejercida de manera sistemática desde 2016. Los actos de maltrato habrían incluido acosos, hostigamientos, indiferencia, insultos y otras formas de destrucción, según se detalla en el informe fiscal.

El juez Ercolini ya había citado a Fernández a declarar en otro expediente, vinculado a presuntas irregularidades en la contratación de seguros para empresas públicas durante su administración. Ahora, deberá también decidir si lo indaga por estos hechos de violencia de género, en una causa que podría representar una pena significativa para el exmandatario en caso de ser encontrado culpable.