La Legislatura de Mendoza aprobó cambios clave en el Código Procesal Penal para agilizar la resolución de delitos detectados en el momento, es decir, los de flagrancia. La nueva normativa establece el "procedimiento directísimo", obligando a dictar sentencia en un periodo de 4 a 30 días.
En su columna, el periodista Enrique Villalobo explica cómo la reforma busca optimizar la labor del Ministerio Público Fiscal mediante unidades especializadas y el uso de tecnología administrativa. El objetivo primordial es reducir la impunidad en robos y hurtos, garantizando rapidez procesal sin vulnerar el derecho a la defensa del imputado.