Desde su arresto domiciliario, Cristina Kirchner definió una nueva estrategia para la Causa Vialidad: llevar el expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para lograrlo, incorporó a los juristas que defendieron al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El objetivo central es internacionalizar el caso y sostener que las condenas responden a una persecución judicial sistemática.
Según el análisis del especialista José Urrutia, esta maniobra busca generar presión desde tribunales externos, aunque la sentencia dictada por la Justicia argentina se mantiene firme. El precedente brasileño inspira a la defensa, pero los escenarios jurídicos difieren radicalmente.