Cocinaron y fueron mozos: escándalo por presos que trabajaron en el casamiento de un comisario

Un caso insólito sacudió a la localidad pampeana de Lonquimay, donde un comisario fue llevado a juicio tras revelarse que utilizó a seis presos para que trabajaran en su fiesta de casamiento. El episodio, que recién salió a la luz en los tribunales, ocurrió el 31 de mayo del año pasado, cuando el oficial organizó una celebración privada con mano de obra carcelaria y sin ningún tipo de control.

El acusado es el oficial inspector Cristian Martín Galván, quien celebró su casamiento en un salón ubicado a solo una cuadra de la comisaría local. Según determinó la investigación, los detenidos salieron caminando, sin custodia, desde la dependencia policial, y cumplieron tareas como asadores, mozos y personal de limpieza durante el evento. Tras el festejo, regresaron por sus propios medios a sus celdas.

El caso llegó a juicio esta semana en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde Galván fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en medio de una fuerte conmoción en el pueblo. La Fiscalía busca determinar si el comisario abusó de su poder al disponer de personas privadas de libertad para fines personales, violando además los protocolos de seguridad y derechos básicos de los reclusos.

"Se trata de un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que los detenidos fueron liberados sin ninguna autorización formal", sostuvo el fiscal general de la I Circunscripción del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Sancho. "Galván tuvo suerte de que ninguno de los presos se fugara. En cuanto a ellos, no cometieron delito alguno: solo cumplieron órdenes, caminaron hasta el salón y regresaron de la misma forma".

Otro dato llamativo es que, al iniciar la investigación, ya habían transcurrido varios días y las cámaras de seguridad de la comisaría no conservaban registros del movimiento de los internos durante esa jornada.

El episodio puso en evidencia una grave falta de controles institucionales y abrió el debate sobre el uso indebido de recursos humanos estatales en eventos privados, además del límite difuso entre favores personales y funciones públicas en comunidades pequeñas como Lonquimay.