Un juez uruguayo apoyó a un reclamo de los antivacunas

Alejandro Recarey, un juez uruguayo subrogante en lo Contencioso Administrativo de cuarto turno, intimó al ministro de Salud Pública de ese país, Daniel Salinas, a dar información sobre la vacuna Pfizer y su uso en niños, niñas y adolescentes, luego de la presentación de un amparo para suspender la vacunación en menores de 13 años.

Ahora Salinas deberá responder 18 preguntas sobre el fármaco y su uso en menores, entre las que se consulta si el Estado realizó estudios independientes de la información provista por los fabricantes, si se hicieron controles de calidad, las razones por las que se administraron diferentes tipos de vacunas, cuáles fueron las tareas de seguimiento y los efectos del covid-19 y la vacunación en niños. De cualquier forma, el juez aseguró que las preguntas no afectan la confidencialidad del contrato entre Pfizer y el gobierno uruguayo. 

¿Cómo surge el pedido?

Un grupo de personas antivacunas solicitó el respaldo del juez luego de la presentación del  abogado Maximiliano Dentone, quien busca suspender la vacunación de todos los menores de 13 años “hasta el momento en que quede comprobado que no existe perjuicio alguno para la salud derivado del acto de efectuar estas inyecciones”.

Desde la Presidencia de Uruguay, rechazaron la acción y aseguran que el demandante “no logró aclarar al juez ni a la demandada cuál es la pretensión u objeto de la aclaración realizada”. Al mismo tiempo, los representantes del Ministerio de Salud Pública apoyaron ese planteo.  

Posteriormente, los representantes legales del Estado recusaron al juez Recarey por entender que existía prejuzgamiento, algo que fue rechazado por el magistrado. Sin embargo, el magistrado rechazó ese pedido y aseguro que entiende que los demandados no actúan de mala fe, es decir que no lo recusan para estirar el proceso, pero que aceptarlo generaría “un precedente que permitiría prácticamente habilitar la liquidación de la urgencia en cualquier pretensión de amparo”.

¿Cómo sigue esto?

Ahora, Presidencia y el Ministerio deben brindar la información de las vacunas. Posteriormente, el juez tendrá 24 horas para emitir la sentencia. Allí podría suspender el suministro de vacunas en niños o archivar la causa. Posteriormente, las partes podrán apelar la resolución de primera instancia.