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Perú: detienen a generales de policía por pagar sobornos

Los Jefes de las fuerzas de seguridad estarían involucrados en coimas para obtener sus ascensos. En la causa está indicado el ex presidente Castillo  

Por Redacción

26 de diciembre, 2022 - 23:07

Las autoridades judiciales de Perú detuvieron este lunes 26 de diciembre a seis sospechosos, entre ellos a tres generales de la Policía Nacional investigados por corrupción. Los indicados, presuntamente, efectuaron pagos para ascender de jerarquía, en un expediente que implica al destituido presidente Pedro Castillo.

Detención de altos oficiales

"Agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo que permitió la detención de seis personas que estarían vinculadas a casos de corrupción, referidos a ascensos irregulares en la institución policial", indicó un comunicado del Ministerio del Interior.

 

Según la Fiscalía, los Jefes policiales detenidos estarían involucrados en la presunta entrega de dinero para ascender irregularmente de rango en 2021, situación que habría contado con el conocimiento del entonces presidente Castillo.

Operativo e implicados

La captura se concretó en el marco de un operativo policial realizado durante la madrugada de este lunes y que incluyó el allanamiento de varias residencias en Lima, Cusco, Tacna y Tumbes.

En Lima, se allanaron dos propiedades del exministro de Defensa, Walter Ayala, también investigado por el mismo caso. En los procedimientos se incautaron diversos documentos. "En el tema de los ascensos, yo no he cobrado ni un sol", alegó Ayala ante periodistas.

En este caso, la Fiscalía investiga a Castillo y Ayala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y promotores de una organización criminal.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea de Perú, Jorge Chaparro, denunciaron en noviembre del 2021 que el Gobierno los presionó para ascender a oficiales que no cumplían con los requisitos militares dispuestos. 

Castillo fue destituido por el Congreso el pasado 7 de diciembre y cumple 18 meses de prisión preventiva, en medio de una convulsa situación social.