Condenaron a expresidente del Perú a 11 años de prisión por fallido golpe de Estado

En un fallo histórico, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo Terrones a una pena privativa de la libertad de 11 años, 5 meses y 15 días por el intento de quiebre constitucional ocurrido en diciembre. El tribunal supremo halló a Castillo responsable del delito de "conspiración para la rebelión".

Esta es una figura legal que contempla la planificación de acciones para un alzamiento sin que este se concrete completamente, desestimando el delito de rebelión, pero manteniendo la seriedad del hecho. La sentencia, dictada el 27 de noviembre de 2025, no solo cierra una etapa judicial crucial, sino que también tiene profundas repercusiones en el panorama político del país.

Detalle de las condenas y reparación civil

El exmandatario no fue el único en recibir una condena severa por su participación en los hechos. La Sala Penal Especial impuso la misma pena de cárcel de más de 11 años a la expremier Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta. Por su parte, el también acusado y exprimer ministro Aníbal Torres recibió una pena reducida de 6 años y 8 meses de prisión, debido a su avanzada edad (más de 80 años).

La sentencia incluye además una pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles que deberá ser cancelada de manera solidaria por los cuatro condenados.

Implicaciones políticas y ejecución de la pena

La condena dictada por el Poder Judicial peruano conlleva una consecuencia política inmediata: la confirmación de que Pedro Castillo es un golpista, algo que automáticamente lo excluye de la posibilidad de postularse en las elecciones generales de 2026. A pesar de la severidad de las penas, el tribunal sí aceptó suspender la ejecución de la condena hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia, pero solo respecto a Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes se encontraban en libertad.

El expresidente Castillo, en prisión preventiva desde el inicio del proceso, y la exministra Chávez, seguirán enfrentando las consecuencias de su intento de quiebre institucional. El fallo judicial sienta un precedente firme en la defensa de la democracia y la legalidad en el Perú.