Malvinas: ya son 10 las firmas sancionadas por explotación petrolera

El Gobierno Nacional procedió a sancionar a una nueva empresa por sus actividades de explotación hidrocarburífera “offshore” en la cuenca de Malvinas. Es la décima compañía extranjera que es objeto de una inhabilitación en sus actividades extractivistas en torno a las islas.

El marco de la sanción

La restricción recayó sobre Navitas Petroleum LP, corporación de origen israelí dedicada a la exploración y explotación de petróleo. La medida se tomó por las actividades comerciales vinculadas a la búsqueda de combustibles fósiles en la plataforma continental submarina argentina, en la cuenca de Malvinas Norte, encuadrado en el proyecto "Sea Lion" que se emprende con licencias consideradas “ilegales y emitidas por autoridades ilegítimas” de las Islas Malvinas.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona junto con la Secretaría de Energía anunciaron el dictado de la resolución.

Empresas inhabilitadas

Desde 2013 hasta la fecha las siguientes 10 “firmas” fueron objeto de sanciones administrativo-jurídicas por parte del Gobierno, debido a sus actividades sin autorización en las inmediaciones de las Islas Malvinas: Falkland Oil And Gas Limited, Rockhopper Exploration PLC, Boders and Southern Petroleum PLC, Argos Resources LTD, Desire Petroleum PLC, Premier Oil PLC, Edison International SPA, Noble Energy Falklands Limited, Noble Energy INC y Navitas Petroleum LP.

Ley vigente

La Secretaría de Energía fue la autoridad de aplicación de la ley 26.659, tras mediar el proceso administrativo correspondiente que determinó que las actividades desplegadas por Navitas eran "ilegales", por lo que la compañía fue declarada "clandestina" e inhabilitada por 20 años para desarrollar actividades en el territorio de Argentina, tanto continental como offshore.

La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos autorizados por el gobierno argentino, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades. 

La mayoría de las sanciones a las multinacionales que operan en Malvinas se suscitaron entre el 2012 y el 2013. Durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, se produjeron tres acciones de penalización en 2015 y la que acaba de consumarse esta semana.