20 Julio de 2022 - 09:38
A través de un comunicado, la Santa Sede informó que desde el 1 de septiembre tanto la Iglesia como la Ciudad del Vaticano deberán cumplir con la nueva normativa que regula la política de inversiones para alinearlas con la Doctrina Social de la Iglesia.
A partir de la fecha mencionada no solo se eliminarán las iniciativas que tengan "carácter especulativo" sino que prohibirán las inversiones vaticanas en los sectores de armas, prostitución, pornografía y centros "pro aborto" o que producen anticonceptivos.
"La nueva política de Inversión pretende garantizar que las inversiones estén orientadas a contribuir a un mundo más justo y sostenible; protejan el valor real del patrimonio de la Santa Sede", indica el anuncio publicado por la secretaría de Economía del Vaticano.
La nueva disposición, impulsada por el papa Francisco, buscará que las nuevas inversiones, necesarias para generar un "rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades", permanezcan siempre alineadas a las "enseñanzas de la Iglesia Católica".
Lo que establece la medida
La medida, enmarcada en el nuevo Documento sobre la Política de Inversiones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, establece los factores de exclusión de ciertas inversiones vaticanas en el campo financiero para evitar que "contradigan sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común".
Entre los sectores, productos y tecnologías excluidos de las inversiones, se encuentra "pornografía y prostitución, juegos de azar, armas e industria de la defensa, centros sanitarios pro aborto, laboratorios que produzcan anticonceptivos o trabajen con células madre embrionales".
La lista también incluye acciones "que no están excluidas, pero que deben ser evitadas", como "inversiones especulativas en materias primas, en la industria petrolera o minera, en la industria de la energía nuclear, en sociedades de producción de bebidas alcohólicas".
También se prohíben "las transacciones en mercados y productos financieros alternativos, carentes de adecuada liquidez" y "las inversiones en productos financieros que, al no ser socialmente aceptables, puedan dañar la misión de la Iglesia".
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