Chile: ¿Por qué se rechazaría la nueva constitución?

La llegada del fenómeno de la globalización en los años 90’ trajo aparejado una interconectividad económica sin precedentes, que implicó a un cúmulo de países creciendo notablemente en su producto bruto interno y también en el ingreso per-cápita de sus habitantes.

Éxito del Estado chileno

Chile, en este escenario representó una paradoja. Lo antedicho se sustentó en el hecho de que el Estado concentró la gran mayoría de los ingresos del país trasandino, a través de sus exportaciones de cobre y de un esquema de instrumentación corporativo orientado a los servicios navieros y de transporte logístico terrestre. Sin embargo, esto no se tradujo en una mejor calidad de vida de gran parte de su población.

La administración pública, en los años posteriores a su despegue en materia de capital acumulado y disponible nunca optó por trasladarlo a la generación de esquemas de sustento de la salud, educación, vivienda, pensiones, entre otros. Este contexto dinamizó la economía chilena pero causó una mayor diferencia, en la distribución de recursos, entre el sector más acaudalado de su estamento social, (clase alta), el rédito que perciben los grupos de medio y bajo poder adquisitivo.

Desigualdad social

Para darnos una noción al respecto, un poco más del 1% de la sociedad chilena concentra más del 80% de la riqueza del país y casi el 20% restante recae en prácticamente el 99% de la población. Esta marcadísima inequidad con todas sus consecuencias restrictivas sobre el bienestar y capacidad de inserción más ascendencia social, ha sido una constante que fue causando mella en el estado de ánimo colectivo y que tuvo su punto de eclosión en el estallido social de octubre de 2019 y que tuvieron a la capital, Santiago, como epicentro disruptivo de Latinoamérica.

Ese suceso, sin dudas, cimentó las condiciones preambulares de un nuevo paradigma cívico social, signando al gobierno de Sebastián Piñera y decantando en el referéndum del 25 de octubre de 2020. Tras el triunfo del “SI”,  se convocó a la selección de los 155 convencionales constituyentes responsables de redactar una nueva carta magna en reemplazo de  la vigente, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Convención Constituyente

La amplia presencia de representantes de pueblos originarios, fomentada por el recurrente conflicto mapuche detrás de bastidores y de convencionales independientes donde estuvieron nucleados integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción y defensa de los derechos sociales junto a profesionales de diferentes actividades laborales ligadas a los estratos medios; marcaron la sintonía de los principales artículos a confeccionar y, lógicamente, estos sectores tradicionalmente marginados impusieron sus intereses y perspectivas.

Al terminar su trabajo, el borrador entregado al presidente Boric muestra una impronta con una naturaleza de cambio copernicana en temas de gran importancia: acceso universal y gratuito a la salud, a la educación, mejores pensiones, facilidades en el acceso a la vivienda, mayores subsidios a los sectores más vulnerables, reforma del poder judicial, legislativo y en la administración de las alcaldías, interrupción voluntaria del embarazo y hasta una modificación de la impronta jurídica que define el semblante de la nación chilena, proponiéndose que tome un cariz de Estado plurinacional.

El aire que se respira en las urbes del vecino país vaticina que el “rechazo” se impondría. Es necesario hacer una lectura “entre líneas” sobre las sensaciones que causa esta “catarata de derechos y beneficios” en el ciudadano.

La "elección del rechazo" a la nueva constitución

Chile siempre se ha visto como una sociedad criada bajo la regla de la disciplina colectiva y de los valores tradicionales. El cruento golpe de estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende en setiembre de 1973 y se extendió hasta marzo de 1990 marcó, en toda una generación, la forma de entender y de entenderse en el entramado de la “cuestión pública”. Pinochet, pese a sus justificadas denostaciones, supo marcar una idea de modelo económico que fue capitalizado y afirmado por las administraciones democráticas que ocuparon la Casa de la Moneda hasta nuestros días.

El ciudadano chileno, mas allá de su ubicación en el organigrama de ingresos, se siente exultante y destaca, adentro y afuera de sus fronteras, los logros de una economía “ordenada y pujante”. El caos reinante en su principal vecino: una Argentina, desbordada por el gasto social y el desorden fiscal causan un halo de incertidumbre y desconfianza ente ajenos como propios a la nueva constitución. Así, los chilenos anhelan las mieles de los beneficios que promete la Ley máxima y que esto les garantice un mejor mañana, pero no quieren que la república quede amenazada por el desorden tercermundista en un país que se percibe como aspirante a ser una nación del primer mundo.

La iglesia todavía goza de una significativa influencia social y rechaza la aceptación del derecho al aborto y las revueltas en el sur patagónico chileno hace temer que la plurinacionalidad pueda conllevar futiros intentos de fragmentar la cohesión estadual y soberana de Chile.

Lo que pase el próximo 4 de setiembre, no se puede medir en el resultado del plebiscito en sí mismo. Esa decisión no transformará de inmediato a Chile… sino que marcará la senda a seguir de una sociedad que indefectiblemente quiere y debe cambiar, con su idiosincrasia, pero que se encuentra atada entre la inflexibilidad de un sistema de gobierno que se muestra como eficiente y la necesidad urgente de la mayoría que tras el vértice de la regla que los ordena, se encuentran atrapados en las penurias de una pobre calidad de vida.