'Casi un récord': 36 meses de prisión preventiva a Castillo
El destituido expresidente no pudo apelar la determinación judicial. El Gobierno no cede, pese al reclamo popular, y la fiscalía prepara las causas en contra del líder de izquierda
Por Redacción
Un tribunal de apelaciones peruano ratificó la decisión que impone 36 meses de prisión preventiva, por presunta corrupción, al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre pasado, después de lo que se calificó como un “fallido autogolpe de Estado”.
Continuidad en prisión
El exmandatario de 53 años continuará tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía busca avanzar en las investigaciones y decidir su eventual llamado a juicio por los delitos de “corrupción, traición a la patria y rebeldía”, por citar algunos.
"La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros", señaló el Poder Judicial en la red social Twitter.
El 10 de marzo pasado, en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses de cárcel por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
El expresidente anunció, en su momento, que apelaría la decisión judicial. En sintonía, por la causa de corrupción, dos exministros de Castillo también cumplen prisión preventiva.
Destitución, arresto y crisis sociopolítica
Tras los hechos del pasado 7 de diciembre, Castillo fue destituido por el Congreso, detenido horas después y llevado ese mismo día al penal Barbadillo, una pequeña cárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída y detención profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejaron al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.
Castillo, un izquierdista y líder sindical docente, niega los cargos de corrupción y sostiene que está "secuestrado injustamente".
Acusaciones contra Castillo y asunción de Boluarte
Los argumentos de la fiscalía son que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, beneficiando su entorno familiar y político.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo y ejerce el Ejecutivo de forma interina en medio de violentas manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.