Nuestro Sistema de Salud, fragmentado entre lo público, la Seguridad Social (Obras Sociales Nacionales, Provinciales, Universitarias, entre otras), el PAMI y las Empresas de Medicina Privada (EMP) debate su sustentabilidad, ante costos crecientes y recursos insuficientes.
Dichos recursos, provenientes de presupuestos nacionales y provinciales, dependen del crecimiento económico del país (PBI). A su vez, la Seguridad Social, del aporte solidario de trabajadores activos provenientes de sus salarios (que pierden ante la inflación) y de sus empleadores en las proporciones que marca la ley. Por último, las EMP que se encuentran condicionadas por el límite en la capacidad de bolsillo de sus afiliados y adherentes.
Con todos estos recursos se deben atender los costos que demanda la cobertura de las prestaciones de salud y políticas de prevención que establece la Constitución Nacional como derecho, y lo que especifican los programas de salud como el PMO (Plan Médico Obligatorio) en la Seguridad Social en todas las organizaciones ya mencionadas.
Lo urgente y necesario, lo indispensable en este momento para garantizar este derecho es el abordaje de ciertos temas que impactan de manera determinante en los costos y distorsionan la ecuación, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema de salud argentino.
Estos temas son: Medicación de alto costo y patologías llamadas nuevas o raras: es imprescindible la intervención del Estado en fijar precios con la industria farmacéutica mediante licitaciones. Ejemplo: la actual adquisición de Factor VIII de Hemofilia. Un Estado proveedor. Para ello todos los actores que participan deberán ser aportantes en ese Fondo Único Financiador. Empoderar al Ministerio de Salud en su papel rector del sector, jerarquizando el rol de COFESA (Consejo Federal de Salud) para coordinar con los Ministros de Salud de las provincias; y el Consejo Parlamentario de Salud para coordinar con las comisiones de Salud de Diputados y Senadores en los proyectos de ley. Abordar la judicialización de la salud: ante la creciente presentación de amparos judiciales para la aprobación de tratamientos y provisión de drogas, no siempre aprobadas por organismos autorizados, ni con suficiente demostración costo-efectividad, e incluso con destinos en el exterior, debe la justicia contar con el asesoramiento de expertos que acompañen y respalden sus dictámenes a los efectos de ir normalizando y ordenando al sistema en sus obligaciones, alcances y coberturas (Ministerio, las Obras Sociales, el PAMI, las EMP). Discapacidad: definir con claridad, en lo referente a la cobertura de discapacidades, qué corresponde al presupuesto de salud y qué corresponde a áreas de transporte y educación, para evitar que se siga drenando el presupuesto que hoy compromete casi el 50 % del FSR (Fondo Solidario de Redistribución).
Estos cuatro temas -seguramente hay más que podrían enriquecer esta columna- son tareas, desafíos y oportunidades que deben tomarse en el corto plazo, preocupaciones comunes de todos los que tenemos responsabilidades en Salud, tanto en lo público como en lo privado. Aquí, entiendo, no existen contradicciones que generen desencuentros, al contrario, son puntos de encuentro indispensables para la sustentabilidad del sistema.
Demás está mencionar que todo lo expuesto ayudaría, sin lugar a dudas, a resolver algo que no se menciona pero que sí debería estar en la agenda: los ingresos de los profesionales y trabajadores de la salud argentina.
Mario Koltan
Presidente de Boreal Salud
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