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El peronismo ya debate un plan económico muy diferente a las propuestas del PRO y de Milei

La vicepresidenta Cristina Kirchner y luego varios dirigentes del Frente de Todos, plantearon la necesidad, más allá de las candidaturas, de elaborar un programa de gobierno claro. ¿Qué ideas se debaten?

Por Redacción

22 de mayo, 2023 - 10:20

A las propuestas económicas del PRO que sintetizan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (devaluación, reforma laboral y previsional y achicamiento del Estado, entre las más recurrentes) y las que promueve el ultraderechista Javier Milei (dolarización de la economía, “destrucción” del Banco Central, privatizaciones de la salud y la educación, eliminación de retenciones), el oficialismo ya maneja varios 'paper' con ideas que buscan convertirse en un programa.

Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, reconocidos economistas e investigadores, han realizado un muy interesante trabajo donde analizan el carácter bimonetario de la economía argentina, aspecto que ha sido destacado como un problema a resolver por Cristina en numerosas ocasiones, incluso en la carta que difundió la semana pasada.

El escrito fue elaborado para la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), que lo difundió, mientras que los mismos autores, para CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la CTA que conduce el diputado Hugo Yasky, realizó un punteo de las medidas a tomar para poder encaminar la economía argentina a un ciclo de crecimiento sostenido, mejoramiento de la distribución de la riqueza y reparación para los sectores postergados, los cuales han visto empeorada su situación en el actual gobierno respecto al de Mauricio Macri.

La síntesis de la propuesta tiene que ver con la necesidad de llevar adelante un shock, pero diferente a lo que plantean los precandidatos de la derecha argentina, desde el PRO a Milei pasando por la UCR. En este sentido, el programa podría sintetizarse en los siguientes puntos:

  • Incremento de emergencia mediante una suma fija para el conjunto de los asalariados del sector privado.
  • Incremento salarial para los trabajadores del sector público.
  • Aumento de los haberes jubilatorios, financiado por la recuperación de algunos puntos de los aportes patronales que se perdieron durante la década de 1990, en forma escalonada según el tamaño de la empresa.
  • Modificación de las escalas del impuesto a las Ganancias con una mayor imposición sobre las grandes empresas.
  • Línea nacional de crédito subsidiada y masiva en función del nivel de ingresos, para la adquisición de viviendas.
  • Acuerdo de precios relativos y luego un congelamiento de precios por seis meses en el que se despliegue todo el poder de policía con el que cuenta el Estado (incluida la aplicación de la Ley de Abastecimiento), para que esos aumentos de ingresos no sean absorbidos por el proceso inflacionario, que es el principal instrumento del capital para garantizar la redistribución del ingreso a su favor.
  • Además de los principales precios de la economía (tarifas de servicios públicos, tipo de cambio múltiple, tasa de interés, retenciones) el acuerdo debería enfocarse en los sectores más concentrados del capital, que aumentaron sus precios muy por encima de la inflación minorista.
  • Regulación de los grupos económicos y conglomerados extranjeros que constituyen la fracción dominante en el marco de la valorización financiera. Para favorecer el control de la fuga de capitales al exterior, la evasión de las obligaciones fiscales, las transferencias de paquetes accionarios, la formación de precios, debería establecerse en la Ley de Sociedades la figura jurídica de grupo económico, con diversos deberes de información y limitaciones al accionar de sociedades offshore o constituidas en guaridas fiscales.
  • Modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para limitar las estrategias de evasión y/o elusión por parte de los grupos económicos y la fuga de capitales al exterior (por ejemplo, incorporando las nociones de “comunidad de intereses” entre tales sociedades y el principio de “realidad económica” así como reforzar la regulación sobre los precios de transferencia).
  • Redefinir el acuerdo con el FMI, que prevé desembolsos imposibles de divisas, sin lo cual el resto de las medidas tendría la estabilidad de un castillo de naipes. Debería reverse el plazo de devolución, los sobrecargos en la tasa de interés y las metas de acumulación de reservas. Esto podría parecer un objetivo de máxima, pero en rigor es de mínima, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la economía argentina. El objetivo de máxima sería, en realidad, el incumplimiento y posterior cuestionamiento del monto de la deuda original que sobrepasó lo permitido por la cuota (alrededor de la mitad de la deuda original) y una ardua negociación de un nuevo programa para el monto restante.
  • Reestructurar la deuda pública con acreedores privados.
  • Política de divisas cero para las empresas endeudadas bajo la administración anterior y que fugaron capitales al exterior, investigación mediante que identifique a las grandes empresas que esquilmaron las reservas del Banco Central.
  • Contenido local mínimo en las concesiones de Vaca Muerta, que intensifique la creación de proveedores locales en la producción industrial de bienes de capital e intermedios que se utilizan para la extracción de los hidrocarburos.
  • Emisión de bonos en pesos con considerables rendimientos atados a la producción de Vaca Muerta. Esto permitiría financiar la promoción industrial y a su vez captar el ahorro doméstico en moneda local con la garantía de los propios recursos naturales.
  • Este mismo planteo podría aplicarse en la producción de litio, no en términos de la producción primaria, sino en la industrialización de bienes intermedios, como partes y/o baterías para la industria automotriz. En este caso resulta central potenciar el papel de Y-TEC (subsidiaria de YPF con participación del Conicet).
  • Contralor estatal en las exportaciones agropecuarias y presencia efectiva en la actividad, que actúe como una firma testigo. YPF Agro constituye un punto de partida adecuado.
  • Plan de forestación total o parcial de las banquinas de las rutas nacionales, provinciales, caminos internos, corredores ferroviarios y eventualmente de las costas ribereñas. Se trata de una actividad mano de obra intensiva, con alcance nacional, con bajos requerimientos de importaciones, y, en el marco de los incendios frecuentes, con una contribución al mejoramiento del medio ambiente. Este plan de forestación puede convertirse en un programa de emergencia para la generación de empleo, revirtiendo la expansión de planes sociales con bajo nivel de beneficio y escasa vinculación laboral.

Asimismo, Basualdo y Manzanelli concluyen que este enfoque general debería nutrirse de medidas específicas, en "una estrategia integral para salir de la encrucijada económica en el corto plazo, pero actuando sobre factores estructurales que permitan eventualmente la sostenibilidad de una nueva experiencia 'nacional y popular' en el mediano y largo plazo".