Casi la mitad del superávit fiscal de enero lo explica la licuación de jubilaciones

Las felicitaciones del presidente Javier Milei a su ministro de Economía, Luis Caputo, por el resultado más que superavitario de enero de las cuentas del Sector Público Nacional (SNP) no explicitó sobre quién recayó realmente el peso del ajuste. Analizando los datos fríos del ajuste y el consecuente superávit, quedó claro que los más afectados no fueron la “casta de los políticos”.

De cada 100 pesos de superávit primario conseguido en enero, $44,5 lo aportaron los jubilados, según detalla un informe de la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Si se toman en cuenta los tres principales rubros que aportaron el 79% del total del achique además de jubilaciones, 22,5 puntos porcentuales lo aportaron los consumidores a través de menores subsidios, y 12 puntos los empleados del Estado que no recibieron un incremento de sus sueldos en la misma proporción en la que subió la inflación.

A través de la suba de impuestos, que en general lo termina pagando toda la población, por mayores costos, se recaudaron $0,43 billones, de modo que colaboraron con el resultado final el 21,5%.

Los datos de la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI destacan que el resultado abrumador de enero, que contó de un superávit primario de $2 billones, y uno financiero, de $518.000 millones, se basó en una impresionante licuación del gasto público del 39,4% real.

El estudio precisa que “el gasto primario se desplomó 39,4%, lo que representó una contracción de $2,69 billones en pesos constantes en la comparativa anual”. En las estimaciones de PPI, los gastos primarios corrientes se hundieron 35,3% real anual, equivalente a $2,22 billones.

Eso, a su vez, se replica por una caída de 29,7% o $1,13 billones en prestaciones sociales, explicado en casi 80% por la merma en jubilaciones y pensiones (-38,1% o $-0,89 billones) debido al retraso de la fórmula de ajuste de los haberes en función de la inflación.

También se produjo una “contracción de 64% o $0,45 billones en los subsidios económicos, que es prácticamente en su totalidad un recorte de los subsidios energéticos (-77,2% o -$0,37 billones) por la postergación de transferencias a CAMMESA".

Por otro lado, hay un achique real del 28,3% o $0,34 billones en los gastos de funcionamiento, basado mayormente en una licuación de los salarios del sector público (-27,2% o -$0,26 billones).

Y, finalmente, cabe recordar que a las provincias el gobierno de Javier Milei les recortó el 72% o $0,16 billones de las transferencias corrientes. Los gastos de capital, es decir, la obra pública se desplomó 86% real o $0,47 billones, llevándose las transferencias de capital a provincias casi a cero.

Los únicos dos gastos que cayeron nominalmente fueron las transferencias a las provincias con el 0,9% y los de capital con el 50% respecto de un año atrás. El resto fue licuación de partidas.

¿Se puede mantener este nivel de ajuste?

PPI considera al respecto que la pregunta relevante es qué tan sostenible es el ajuste fiscal exhibido en enero, dado que se sustentó principalmente en una licuación del gasto público más que en un recorte nominal de las partidas.

“El fuerte ajuste en prestaciones sociales (jubilaciones y planes) luce reversible, no sólo por el alto costo político, sino también por el rezago de la fórmula de indexación. Al tener la fórmula un ‘lag’ (un retraso) de un trimestre, estas erogaciones van a representar una carga abultada y una traba para ordenar las cuentas públicas una vez que la inflación baje, ya que comenzarán a ajustar por la inflación pasada”, indica la sociedad de bolsa.

Con información de Ámbito